|ANTÍTESIS|
Por: Gerardo Rosales Miranda
26/12/2024
Los legisladores federales de Morena convirtieron la aprobación del presupuesto de egresos de la federación 2025 en un atraco dirigido a todas las instituciones públicas del país. Sin la menor consideración, despojaron el presupuesto al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, a Salud, Educación y Universidades públicas, lo cual afectará directamente la calidad de los servicios prestados por estas instituciones.
Cada año es un auténtico vía crucis para gobernadores, presidentes municipales, directores generales y rectores acudir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, posteriormente, ante la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para defender el presupuesto asignado y, literalmente, rogar para que los nuevos proyectos de inversión pública sean financiados.
Para 2025, nuestro país tendrá la cantidad de 9 billones 302 mil millones 15 mil 800 pesos de presupuesto para todas las entidades públicas de los tres órdenes de gobierno. Dicha cantidad se reparte sin ningún respeto a los criterios preestablecidos en el “Manual de Programación y Presupuesto 2025” de la SHCP, ya que, de forma unilateral y partidista, se aumenta o se reduce el presupuesto de forma discrecional, sin mediar justificación, técnica, teoría o experiencia histórica. La única regla para recibir un buen presupuesto es pertenecer al primer círculo de poder de Morena.
Lo anterior pone en riesgo a las instituciones del país. Por ello, creemos que, así como los productores agrícolas exigen un precio de garantía para sus productos, los titulares de las dependencias públicas también deben contar con la garantía de recibir un presupuesto que permita su buen funcionamiento, cubra sus necesidades y les permita ofrecer un crecimiento sostenible, con el objeto de no estar expuestos a los vaivenes de la política y los chantajes de los diputados para el otorgamiento de recursos públicos.
Existen múltiples metodologías para la asignación presupuestal. Entre ellas se encuentra la recomendación de la ONU, que señala como primer punto realizar una clasificación de las entidades públicas con base en el fraccionamiento del total a recaudar. Este va de un punto porcentual (0.01%, 900 millones), milésima (0.001%, 90 millones) o diezmilésima (0.0001%, 9 millones).
Con este método, independientemente de su clasificación, se garantiza que cada dependencia recibirá por ley, un porcentaje del presupuesto igual al año anterior sin necesidad de acudir ante la cúpula del poder. Para que sea realidad es necesario abrir la puerta de la democratización en las decisiones hacendarias.
Otro aspecto que debemos reconocer y estudiar es el círculo vicioso entre contribuyentes, impuestos, recaudador, presupuesto y gasto público.
El contribuyente, por cualquier error en la declaración fiscal, puede ser acusado de cometer delitos fiscales, cuyas penalidades van de tres meses a nueve años de prisión. El gobierno, en su faceta de recaudador, cada año crea o incrementa los impuestos que deben pagar sí o sí los contribuyentes. En cambio, el administrador responsable de ejercer el presupuesto público tiene un marco legal permisible, cuyos delitos se focalizan en el “enriquecimiento ilícito” y que, de acuerdo con el monto del peculio, no amerita condenas de prisión; es decir, son delitos que quedan impunes.
No está por demás señalar que se requiere un marco legal severo, orientado a castigar con altas penalidades a los servidores públicos que consideren el presupuesto como dinero propio, del cual pueden disponer a capricho. Cada fin de sexenio o trienio, se repiten historias similares en todos los pueblos del país… ¡hay nuevos ricos!
Más allá del enriquecimiento ilícito, existe un gran abanico de diferentes formas de corrupción que no están tipificadas en el Código Penal Federal (CPF). En la pequeña burocracia se comete el mayor número de actos de corrupción, desde la extorsión de un tránsito hasta el burócrata de ventanilla que exige un pago para acelerar un trámite. A ellos se les tolera por una sola razón: son miembros de la red de complicidades… pero cuando el contribuyente comete un error se le castiga.
El derroche es un aspecto que no se considera en la formación del presupuesto público. Los ciudadanos financiamos los excesos de la burocracia: pagamos el parque vehicular de alta gama, gasolina, cafetería y cocina, las mieles del poder, diría AMLO… mientras que el contribuyente se truena los dedos para pagar IVA, ISR, IEPS, Predial, Nómina, IMSS e INFONAVIT.
Otro grave problema es la visión que tienen los gobernantes sobre el contribuyente. Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron sobre el activismo político del empresario Ricardo Salinas Pliego, se refirió a él con la frase siguiente: “Va a tener que pagar los impuestos que debe”, dejando claro que los ciudadanos -generadores de riqueza- solo sirven para financiar el presupuesto federal, negándoles el derecho de ser tratados con respeto y consideración, así como el acceso a la justicia fiscal.
Un poder político sin control está destinado a convertirse en un poder abusivo. Hoy somos testigos de la voracidad y arbitrariedades del gobierno de Morena. Privilegiaron el financiamiento de los programas sociales que generan votos por encima de las instituciones democráticas que sostienen la república.
El círculo vicioso aún no termina: falta el incremento de impuestos, adquisición de más crédito, fuga de capitales, debilidad de nuestra moneda y por consiguiente la insolvencia para pagar la deuda externa y, una vez más, volveremos a caer en crisis económica provocada por el despilfarro de un gobierno populista, tal y como ya lo vivimos en 1982.
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