|Antítesis|
Por: Gerardo Rosales Miranda.
El debate nacional actual gira en torno a temas jurídicos que, en apariencia, no repercuten en la vida cotidiana del ciudadano, cuando en realidad ya estamos en un régimen gubernamental muy diferente al que vivíamos antes de la elección presidencial.
Uno de esos temas es el concepto de «Supremacía Constitucional», que puede definirse como la idea de que ninguna ley, decreto, acto administrativo o decisión judicial puede contradecir lo establecido en la Constitución. Cualquier acto o norma que entre en conflicto con ella es considerado inválido o inconstitucional, ultrajando el poder revisor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Morena, al tener mayoría calificada, está en posibilidades de trastocar —por motivos ideológicos o ambición de poder— los principios rectores del poder constituyente en cuanto a los derechos, libertades de las personas o desaparecer las facultades de las instituciones.
En términos prácticos, la mesa está servida, con toda la vajilla y los cubiertos necesarios para devorar cualquier tipo de manjar. El Legislativo ha otorgado a la presidenta el poder absoluto para hacer del país lo que, a su juicio, considere como el «bien de la nación», sin que el Poder Judicial revise la concordancia constitucional y convencional.
Considerando el tinte ideológico, las necesidades financieras del gobierno, el desprecio a los partidos opositores y el ánimo de evitar críticas, podemos imaginar cuáles serán las siguientes reformas constitucionales.
Materia económica: Ante las finanzas públicas insuficientes, fideicomisos agotados, una desaceleración económica y un déficit presupuestal del 6%, es muy probable que la presidenta intente utilizar la supremacía constitucional para forzar al Banco de México a destinar parte de sus reservas en dólares al financiamiento de programas sociales o de infraestructura, argumentando que tales medidas son prioritarias para el desarrollo del país. Esto podría implicar reformas que erosionen la autonomía del Banco, comprometiendo la estabilidad financiera y reduciendo la credibilidad internacional en nuestra moneda.
Materia de salud: La presidenta podría decretar la creación de un sistema de salud centralizado y público cuyo objetivo principal sea absorber los servicios privados, con el fin de garantizar al pueblo de México el acceso a la salud de manera «igualitaria». Esto podría incluir regulaciones más estrictas sobre la adquisición de medicamentos, como ya ocurrió con las vacunas contra el COVID-19.
Materia educativa: Como candidata, la presidenta declaró que toda su vida ha luchado para que la educación sea un derecho verdaderamente gratuito. Pero ¿cómo podría lograr semejante meta? Podría decretar la prohibición de la oferta de servicios educativos privados, justificando que es necesario para garantizar el acceso a una educación «con igualdad de oportunidades». O bien, una medida más realista sería aprobar leyes sobre los contenidos curriculares y ejercer un mayor control sobre los recursos financieros de estas instituciones, mediante impuestos especiales para financiar un sistema educativo estatal alineado con la ideología gubernamental.
Materia electoral: Las reformas podrían incluir la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, la desaparición de la representación proporcional en todas las cámaras legislativas, el debilitamiento de la estructura del consejo electoral y sus direcciones ejecutivas, así como el establecimiento de reglas de mínima vigilancia al padrón electoral y los procesos electorales, con el fin de provocar la vulnerabilidad del INE y facilitar los fraudes.
Propiedad privada / Vivienda: Para garantizar el acceso a una casa habitación a las clases más necesitadas, podrían limitar la propiedad a un solo bien inmueble y obligar a los propietarios a vender el resto de sus propiedades a precios populares.
Propiedad privada / Empresa: Todos los gobiernos socialistas han adoptado políticas de expropiación o intervención en sectores estratégicos, justificando que la riqueza privada debe subordinarse al «bien común». Esto podría incluir reformas legales para facilitar la nacionalización de sectores energéticos, agrícolas o industriales.
Lo anterior no es producto de la imaginación; es un catálogo de políticas públicas instauradas en países con gobiernos de izquierda en las últimas dos décadas.
Si el gobierno sigue esta ruta, el porvenir de México será de crisis en toda la estructura social. La reiterada promesa de un futuro de “bienestar” colectivo podría traducirse en un escenario donde el Estado tome cada vez más control sobre la vida del ciudadano común, limitando sus opciones y su capacidad para decidir sobre su propio destino, dejándolo más vulnerable y desamparado que nunca.
Insisto, la mesa está servida.
grmiranda77@gmail.com
